EPÍLOGO

De gobernantes, criminales y algoritmos 

 

María Alejandra Rico

Red de Seguridad Incluyente de la Friedrich-Ebert-Stiftung

 

La toma armada del canal TC Televisión en Guayaquil, Ecuador, transmitida en directo durante más de una hora, fue un acto terrorista hecho para viralizarse. Ninguno de los episodios violentos que ocurrieron entre el 7 y el 9 de enero de 2024 en ese país, entre los que estuvieron motines, incendios, secuestros y asesinatos, tuvo el mismo impacto visual y mediático, el mismo poder de intimidación. 

El martes 9 de enero a las 2:18 de la tarde, hombres armados y encapuchados irrumpieron en la transmisión en vivo de un noticiero y sometieron a su presentador José Luis Calderón, al equipo de producción y a otras empleadas del canal. Les obligaron a acostarse o arrodillarse y les exigieron enviarle un mensaje al presidente: Que se vaya la policía.

Un día antes Daniel Noboa había decretado estado de excepción a escala nacional por “grave conmoción interna”. Al finalizar la tarde de ese martes, Noboa declaró que en Ecuador había un conflicto armado interno. 

En un mundo digital dominado por streamers e influencers, la transmisión en vivo de un acto terrorista es casi más escalofriante que el terrorismo en sí. Mientras el presentador replica el mensaje de sus captores, su voz pierde fuerza y la adquieren los encapuchados, que dicen poco, pero exhiben sus armas largas y cortas, explosivos y granadas. 

En Ecuador y América Latina, los poderes criminales y oficiales se encuentran en un mismo objetivo autoritario: borrar todo aquello que medie entre ellos y “el pueblo”. Para gobernarlo, amenazarlo, convencerlo o seducirlo. Que nada medie, es decir, que nada explique, analice, muestre o señale. Gobernantes, criminales y algoritmos se unen así en un frente común contra la democracia.

Para sacar del medio a los medios, los poderosos usan la fuerza de las armas, pero también la de las instituciones e, incluso, la fuerza de la palabra. El conjunto de historias de esta especial muestra que en la región coexisten las formas más tradicionales de represión y silenciamiento con otras más sutiles o indirectas. Las políticas de mano dura asfixian al periodismo al aprisionar, exiliar, judicializar y asesinar periodistas. Al mismo tiempo, el desmantelamiento sutil de la democracia pasa por vigilar, desfinanciar, estigmatizar y desproteger. El periodismo se vuelve objeto de la violencia porque está atrapado en contextos democráticos y de seguridad áridos y amenazantes, y es, en simultáneo, el que puede ayudar a evidenciarlos y descifrarlos. 

Mientras el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022) es juzgado en Estados Unidos por delitos asociados al narcotráfico, la experiencia de 100 comunicadores y comunicadoras asesinados/as en Honduras devela el vínculo corrupto entre funcionarios públicos, empresarios y narcotraficantes. La fórmula “destierro, encierro o entierro” es el legado de la dictadura para quienes denuncian dicho entramado.

En un lapso de 30 años, el periodismo atravesó junto a la sociedad guatemalteca el paso de la guerra civil a un acuerdo de paz insuficiente, y registró cómo la violencia dejaba de ejercerse en las calles y se tomaba las instituciones de justicia, corrompiéndolas. En reacción al trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICG), la represión siguió un curso penal con el que hasta hoy se criminaliza y hostiga a periodistas. 

El presidente más cool del mundo vigila periodistas a través del software espía Pegasus, les amedrenta en Twitter y, si nada funciona, les encierra en el país con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. Con el algoritmo siempre a favor, ¿para qué medios ―incómodos y difíciles de controlar o sobornar― si hay influencers prestos a viralizar la imagen que quieres proyectar?

Los gobiernos de Nicaragua y Venezuela parecen empeñados en llevar la vigilancia y la represión estatales al límite, pervirtiendo los espacios comunitarios en los que cualquier vecino puede ser también un vigilante. Ante esto, el periodismo ciudadano, de cercanía, cuerpo a cuerpo y antiviral es un antídoto contra la censura.

La defensa de la libertad de expresión en Colombia es controvertida cuando parece proteger solo ciertos tipos de expresión o periodismo, o periodistas con nombre propio, mientras otros proyectos de comunicación locales apenas alcanzan el rótulo de “activistas” y quedan sin amparo gremial. En medio de la polarización progobierno/antigobierno, pocos medios están mirando hacia los espacios y territorios en disputa, en donde el Estado es incapaz de proteger a líderes sociales, comunidades y, por supuesto, medios locales, alternativos y comunitarios.

Los periodistas mexicanos tampoco escapan de la polarización, pero además se enfrentan a la militarización de la vida cotidiana, a los militares en obras públicas, aeropuertos y puestos de salud. Aunque sea doloroso reconocerlo, hay que decir que, en México y en toda la región, hay medios y periodistas que ponen en riesgo a sus colegas al hacerle el juego a la desinformación, contribuyendo al descrédito del oficio periodístico. Como dice Daniela Pastrana, cuando la sociedad ve a los periodistas como parte del problema se les pone una diana en la frente, pues se reduce el costo social de hacerles daño. 

Entretanto, los y las periodistas en Ecuador registran en directo un nuevo orden criminal que se implanta a sangre y fuego, que impone la inmediatez y la urgencia, y expulsa a periodistas afectando la libertad de expresión en su flanco más vulnerable: unas audiencias con miedo y poca información.  

Hay que hablar del elefante en la sala, del pulso, que parece perdido, con el crimen organizado. El narcotráfico ya no es más la historia anecdótica y apasionante que vemos en series, sino una realidad mucho más compleja que parece incontrolable, irrenunciable. El periodismo aquí no solo es necesario para denunciar, sino para ayudar a entender, para dejar de ver los mismos relatos y protagonistas, y comprender cómo cambió, cómo se incrustó en las sociedades latinoamericanas, cómo funciona desde cárceles y barrios, cómo se necesita algo más que la fórmula de siempre: más mano dura, más militares.

Y aunque hay periodistas que pagan con su vida, su libertad o su hogar el precio de hacer periodismo con ética y rigor, deberíamos dejar de necesitar mártires y héroes/heroínas. Tampoco debería ser obligatorio volverse influencer. Defender la democracia es resistir al algoritmo, ese que es tan bien aprovechado por poderosos histriónicos, expertos en hacerse virales.  El periodismo offline puede mostrar conexiones inesperadas para vislumbrar otros caminos y futuros. 

Para la Red de Seguridad Incluyente, una agenda pendiente es la discusión de políticas de seguridad que dejen atrás la idea, respaldada por sectores progresistas, de que la lucha contra la pobreza y la exclusión social desaparecerá por sí misma la violencia y la criminalidad. Es necesario formular políticas eficaces y audaces que reduzcan la inseguridad sin vulnerar los derechos humanos, una agenda que para el progresismo latinoamericano sigue estando pendiente y sobre la que el periodismo puede empezar a preguntarse de formas más explícitas. 

Si los gobernantes autoritarios y los poderes criminales quieren borrar a todo el que medie, hay que permanecer en el medio, atravesársele a las estrategias y discursos que venden seguridad a un costo muy alto para los derechos humanos, sobre todo cuando estas tienen un avasallador respaldo popular.