Dunia Orellana

Los modos de asesinar a la libertad de expresión

Una mordaza impide que en muchos casos el periodismo hondureño diga la verdad sobre empresarios, políticos, líderes religiosos, dueños de la tierra y otros grupos de poder. ¿Basta esta estrategia de los poderosos para callar a los periodistas críticos e independientes en Honduras?

No digas nada. Si hablas, te va a ir muy mal. Esa es la clase de frases que silencian a los periodistas en Honduras. Francisco Ramírez Amador sabía que, si seguía hablando sobre grupos de poder como empresas y políticos en Honduras, algo malo iba a pasar. Pero escogió seguir hablando.  

La primera vez, dos sicarios atacaron a tiros a Francisco entre las sombras de la noche, pero salió vivo del atentado. De recuerdo le quedaron los tres balazos que le pegaron el 9 de mayo del 2023.

Pero cuando llegó la hora del segundo atentado, la suerte se le acabó.

A Ramírez, periodista de Canal 24 en Danlí, departamento de El Paraíso, lo hallaron muerto la noche del 21 de diciembre de 2023 en una calle de esa ciudad del oriente de Honduras.

Los asesinos habían vuelto a actuar en la oscuridad. De nada le sirvió a Ramírez haber buscado el resguardo de varias instituciones de protección con las que esperaba salir con vida de las persecuciones, violencias y ataques que muchos periodistas deben afrontar casi a diario.

El impacto de la muerte de Francisco fue tan grande que la propia coordinadora residente de la ONU en Honduras, Alice Shackelford, mencionó lo “terrible” que le resultó conocer del incidente. “Lo había encontrado en Danlí hace algunos meses y me habló de cómo se sentía en peligro de vida. Que triste saber que no se ha logrado proteger. Un llamado para pronta investigaciones”, dijo Shackelford cuando recibió la noticia del crimen.

El ataque contra Francisco no ha sido el único. Cinco periodistas y comunicadores sociales fueron asesinados en el 2022 y dos en el 2023, los primeros dos años del gobierno de Xiomara Castro. En ese lapso, siete periodistas y comunicadores han sido asesinados y hay un reporte de 98 alertas contra la libertad de expresión en el 2022 y 112 en las del 2023, según informes de C-Libre, organización que promueve y defiende la libertad de expresión y la libertad de prensa. 

¿Qué significa eso? Que la tasa de impunidad es del 90%. De poco sirve que hayan creado en 2015 el Mecanismo de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia. Para las organizaciones de la sociedad civil, el Mecanismo sencillamente no funciona. A decir verdad, muy pocas personas confían en él, según Irene Khan.

La historia de Ramírez no es rara en Honduras. Lo que le pasó a él también le ha sucedido a otros 100 comunicadores y periodistas asesinados en el país. Las víctimas son especialmente quienes defienden derechos humanos o territoriales. Mientras usted sólo informe lo que a los empresarios, políticos, Iglesia y dueños de la tierra les agrada ver en los titulares de televisión, periódicos, redes sociales o internet, no va a tener problemas. Pero espere a meterse donde no lo llaman y verá cómo las cosas se ponen cada vez más peligrosas. Y si uno es periodista, es para eso, para meterse donde quieren esconder algo.

Los episodios de la historia de los cien comunicadores asesinados son como una mala película que pasan en todos los canales. Primero, ponen la denuncia de las persecuciones y agresiones en su contra. Luego reciben amenazas, pero siguen denunciando, en espera de que las cosas no empeoren. Sin embargo, los ataques suben de intensidad con agresiones que se repiten, llamadas de números desconocidos, más persecuciones, amenazas, vídeos y fotos espeluznantes que llegan a sus teléfonos privados.

La mayoría busca entonces ayuda de instituciones del gobierno y “mecanismos de protección”, pero las medidas que les imponen para protegerlos no sirven casi para nada. Los obligan a rellenar y firmar decenas de formularios, a contar una y otra vez sus historias de violencia y amenaza, pero todo el papeleo no es más que eso: papeles rellenos de descripciones de hechos, cifras, nombres, que un burócrata va a poner dentro de un fólder para engavetar.

A veces, los mecanismos no hacen más que dar el número de un policía designado para que conteste las llamadas angustiadas del periodista. No lo vamos a negar: sí hay agentes con ganas de ayudar para reducir hasta cierto punto el terror de sentirnos abandonados por las autoridades. Pero esos son los de menos. Los más son los que contestan a regañadientes las llamadas, inventan cualquier tipo de historia para no tener que acudir al llamado de auxilio o de plano no se toman la molestia de atender el teléfono.

Según la relatora de libertad de expresión de la ONU, Irene Khan, los medios independientes apenas reciben respuesta cuando, debido a su labor periodística, buscan protección de organismos públicos e instancias de protección. Entre estos órganos se halla el estatal Ministerio Público que encabeza la investigación de delitos y protección de víctimas. Además, los periodistas presentan denuncias al Mecanismo de Protección, el cual evalúa riesgos y establece patrullas policiales y reubicación, entre otras medidas de protección.

Sin embargo, ni el Mecanismo ni el Ministerio les ofrecen justicia y protección adecuada. Asimismo, los perpetradores les advierten a los periodistas que tanto ellos como sus familias serán asesinados si siguen con sus denuncias, dijo Khan.

¿Sucedió algo así en el caso de Francisco? En efecto, así fue. Después del primer atentado en mayo de 2023, le asignaron a un agente para que lo cuidara. Hasta ahí todo bien, digamos. El problema fue cuando las cosas se pusieron peores y le solicitaron otra escolta. Sencillamente, le dijeron que no.

La segunda escolta es una medida que la policía casi siempre niega porque hay pocos agentes disponibles, según la directora del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Amanda Ponce. Esta organización de derechos humanos que promueve y defiende la libertad de expresión y la libertad de prensa ha estado detrás del caso de Francisco desde el comienzo. 

En muy pocas ocasiones, el Mecanismo de Protección asigna algo de protección temporal o enlaces policiales. Si nos acercamos a la cuadra donde vive el periodista amenazado, podemos ver a los uniformados en una patrulla aparcada en una esquina, esperando que algo pase, pero el resguardo no puede durar eternamente. En algún momento, porque no hay presupuesto, porque necesitan la patrulla o porque no hay suficientes agentes, la vigilancia se termina tan abruptamente como empezó y quedamos otra vez en las mismas.

En otros casos, como el de Francisco Ramírez, da igual que al periodista le asignen un agente como escolta. La noche que lo mataron, los sicarios también hirieron de gravedad al policía que lo acompañaba. O sea que andar en compañía de un agente policial “no es garantía”, como dicen en Honduras. Las balas no hacen saludos marciales antes de herir a nadie.

Silenciar con dinero o balas

Cuando los ataques se agravan, la mayoría busca la ayuda de organismos internacionales. Si todo sale bien, es posible que trasladen a otro país a los periodistas en riesgo, con suerte en compañía de algún familiar cercano. Pero cuando las cosas no van sobre ruedas y la ayuda tarda un poco en llegar, es muy posible que alguien los mate y su nombre ya no aparezca arriba de la nota de un diario, sino en una lápida.

Francisco fue uno de estos últimos. Si bien recibió ayuda de la organización de defensa de derechos humanos C-Libre con el fin de que el Consejo Noruego para Refugiados lo resguardara del peligro inminente, la protección duró apenas seis meses.

Amada Ponce, que conoció y siguió el caso, cuenta que tras la finalización del lapso de protección con la organización noruega, Francisco tendría que haber solicitado un proceso para salir de Honduras bajo el cuidado de algún organismo cooperante. Debería haber tratado de culminar la petición de refugio o asilo político para escapar de la muerte. Por desgracia, los criminales se le adelantaron. En los días en que Francisco tendría que haber reactivado la búsqueda de asilo o refugio entre noviembre y diciembre de 2023 como parte de las medidas de protección del Estado, las balas le cortaron la carrera para siempre.

El caso de Francisco permite hacernos una idea aproximada de los motivos que empujan a las estructuras criminales a “silenciar” a los periodistas que consideran particularmente molestos.

La frase “estructura criminal” en este caso no se refiere exclusivamente a las organizaciones de siempre. Cuando se trata de intimidar o asesinar a periodistas en Honduras, podemos tachar las palabras “pandilleros” y “narcos” y escribir “funcionarios del gobierno” o “empresarios”. Esto es así porque para el gobierno o el empresariado, los periodistas que defienden derechos humanos o territoriales son más peligrosos que el candidato más “hot” del partido de oposición o el rival empresarial que vende productos como pan caliente. 

Pero volvamos a los motivos por los que los grupos criminales o de poder “silencian” a un periodista que ha hecho de la denuncia social su herramienta de trabajo.

Una de las razones más comunes para intimidar a un o una periodista es su trabajo para denunciar las actividades de las bandas criminales. Estamos hablando acá principalmente de extorsión y tráfico de drogas. Los delincuentes tienen docenas de formas ilegales de obtener dinero, pero en Honduras desde hace algunos años estas dos se han convertido en las principales operaciones criminales. Lo normal es que las estructuras criminales en lo más alto de la escala agarren la tajada más grande del pastel, o sea, el narcotráfico, y les dejen la extorsión a los grupos “pequeños”.

¿Qué les pasa a los periodistas que se meten con estos dos grupos principales del mundo criminal en Honduras? Salvo que mantenga el anonimato o viva muy lejos del lugar donde operan las bandas a las que denuncia, el comunicador tiene casi “como en el banco” la visita de algún mensajero de las bandas que le informará, de buena o de mala manera, que lo mejor es que se calle si no quiere pasarla mal. Eso depende del gusto de los jefes de la banda o de algún otro factor que sólo ellos conocen.

Supongamos que el o la periodista decide arriesgarse a seguir informando sobre las acciones de las bandas criminales. Digamos que su familia le ha dicho que no siga reportando sobre ese tema, que busque otra línea de trabajo menos riesgosa o que abandone del todo el periodismo. Sin embargo, él o ella, se niega. No sabe hacer otra cosa. Estuvo cinco o seis años en la universidad estudiando la carrera y abandonarla así porque sí le parece una locura. O sencillamente le gusta tanto que le da igual arriesgarse. Recordemos que el periodismo es una pasión, si no, no entendemos por qué lo hacemos.

Ahí comienza la segunda etapa. Si tuvo suerte y sólo llegaron a avisarle, las amenazas darán un salto a la segunda etapa y ya no serán de palabra, sino de hecho. Es como darle vuelta a una ruleta en la que alguien ha escrito las palabras balas, golpiza, secuestro, etcétera.

Por otro lado, se encuentran los ataques ordenados por la clase política y empresarial en Honduras.

Cuando se trata de informar sobre actos de corrupción o criminales cometidos por políticos y empresarios, los periodistas tienen dos o tres opciones, dependiendo de si quieren seguir con vida. Podemos resumir esas alternativas con dos famosas frases, una internacional y la otra nacional. La primera es la conocida plata o plomo. La otra es destierro, encierro o entierro.

Plata o plomo es la frase que se puso de moda con el narco en Colombia en los años 80 del siglo pasado. La frase acompañó a la coca en su expansión y se convirtió en parte de sus ética. El significado salta a la vista. O agarras dinero y te callas o hablas y te matamos. El plomo es la otra palabra para la bala en Colombia.

Los narcos no sólo matan con pistolas o metralletas.

Dicen que la segunda frase se originó en Honduras.

Encerrar, desterrar o enterrar

Fue el dictador Tiburcio Carías Andino quien hizo popular la frase encierro, destierro o entierro durante su dictadura que duró de 1933 a 1949.

No está de más explicar el significado de la frase creada durante el régimen de dieciséis años conocido como el cariato. Es sencillo. Si alguien se oponía a las políticas del abogado y general Carías, iba a la cárcel, lo expulsaban del país o lo mataban.

Por esas razones, la violencia estatal durante el gobierno de Carías es legendaria entre la población hondureña. Sin embargo, me han hablado de personas que recordaban con nostalgia ese régimen. “En ese tiempo, la gente podía dormir en el parque usando de almohada una bolsa llena de dinero”, decían unos. “En esos días sí había orden”, decían otros.

Sin embargo, el precio del orden en tiempos de Carías era la cárcel, la huida o la tumba. Uno de los primeros pasos que daba el régimen carista en el caso de los periodistas era censurarlos. Era la forma más directa y eficaz de hacerlos callar cuando estaban hablando de más.  

La censura gubernamental comenzó con Tiburcio Carías. Fueron los días en que por vez primera se impuso un censor oficial. A partir de esos años, los sucesivos gobiernos de Honduras fueron aceitando las máquinas de la censura hasta lograr que la injuria, la calumnia y la difamación se consideraran delitos contra el honor.

Pero no se quedaron allí. Además, a los congresistas hondureños les ha parecido buena idea castigar con sanciones penales a los periodistas que, según las leyes hondureñas, difaman, calumnian o injurian. El problema es que los políticos deciden en qué consiste una difamación, una calumnia o una injuria y son ellos, y no los periodistas, quienes tienen a la justicia de su lado.

De esa manera, las tácticas de la censura oficial en Honduras se han ido extendiendo hasta nuestros días y afectan al periodismo independiente de hoy. No se puede decir nada porque todo se judicializa y amenaza. Lo novedoso ahora son las acciones de funcionarios gubernamentales que buscan estigmatizar y desacreditar a medios independientes como una forma de hacerlos callar.

Algo así le ocurrió a Reportar Sin Miedo, el medio digital independiente que dirijo junto a un equipo de excelentes periodistas desde hace tres años.

Todo empezó el 28 de diciembre de 2023.

Ese día, Reportar Sin Miedo publicó la investigación Gobierno de Xiomara Castro vuelve a fallarle a la población LGBTIQ+ en 2023. El reportaje describe casos en que las violencias estructurales estatales y gubernamentales, crimen organizado y hasta instituciones basadas en la fe incrementan, con sus acciones y discursos de odio, los ataques contra las disidencias sexuales en Honduras.

Uno de los casos de violencia mencionados en el artículo fue el de una joven a quien la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) le escribió para decirle que era la ganadora de la beca educativa para mujeres trans Vicky Hernández. La subvención es una de las reparaciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le impuso al Estado de Honduras tras condenarlo por el asesinato de la activista Vicky Hernández en 2009.

A pesar de todo, pocos meses después, la joven recibió la mala noticia de que le habían cancelado la beca.

Debido a la publicación, José Carlos Cardona, ministro de la Sedesol, inició una campaña de estigmatización, desacreditación y deslegitimación contra Reportar Sin Miedo.

El funcionario llamó “mercenarios y amarillistas” al equipo de Reportar Sin Miedo tras haber denunciado que le habían quitado la beca a Isabel Morales porque no estudia en una universidad pública.

Pocas horas después de haber comenzado la campaña, se recibieron evidencias de cómo el ministro Cardona ordenaba a empleados gubernamentales realizar ataques contra Reportar Sin Miedo. Se puso en marcha un grupo de bots para lanzar mensajes de intimidación.

Reportar Sin Miedo no mencionó en ningún momento el nombre de Isabel en el reportaje. Fue la propia becaria quien, ante los comentarios del empleado público y sus subalternos, decidió contar su caso con un video en Tik Tok. Es necesario señalar que ella lo grabó por su cuenta, sin presiones ni sugerencias de ninguna clase.

Reportar Sin Miedo decidió republicar el video, por lo cual el ministro Cardona continuó tachándolo de amarillista. En una posterior entrevista, Isabel nos contó que el funcionario intentó que ella les dijera que nosotras la habíamos obligado a hacer el video.

Esto es un ejemplo de las tácticas que utilizan empleados gubernamentales cuando se sienten cuestionados por el periodismo independiente. Desde esa acción hasta la fecha, José Carlos Cardona ha intentado que bajemos el reportaje y ha presionado para lograr el cierre de Reportar Sin Miedo. Además, ha amenazado a través de terceros al equipo del medio.

Para el abogado Saúl Bueso, del área legal del Comité por la Libre Expresión, “llamar mercenario a un medio de comunicación o a un periodista, sólo porque no gusta su trabajo, es condenable porque hay que demostrar que recibe dinero de un externo para atacarlos”.

Además, Bueso dijo que los funcionarios deben respetar los derechos de toda persona de expresarse libremente y pidió prudencia para no generar mensajes que vulneran a terceras personas por “un arrebato”.

El reportaje sobre Isabel es uno de esos casos en que altos funcionarios públicos atacan a periodistas e intentan deslegitimar la cobertura crítica, según la relatora para la libertad de opinión y expresión Irene Khan.

Pero no es la primera ni única vez que este medio digital ha tenido que afrontar toda clase de agresiones de funcionarios. La relatora especial de la ONU mencionó también cómo el equipo de Reportar Sin Miedo ha sido “blanco de discursos de odio por su identidad de género y su trabajo, por parte de altos funcionarios de la ciudad de San Pedro Sula. Se han enfrentado a insultos, robos, amenazas de secuestro, violencia física y ciberataques”.

Khan no está sola en estas apreciaciones. Dina Meza, directora de la Asociación por la Democracia de los Derechos Humanos, denunció el descaro con que los funcionarios atacan al periodismo independiente en el gobierno de Xiomara Castro.  Meza recordó el caso de otro medio independiente, Reporteros de Investigación, el cual recibió una amenaza de querella como arma para amedrentar.

¿Hay una solución al menos parcial que beneficie al periodismo crítico y detenga las tácticas de censura oficial? Para Meza, hay una: que el dictamen sobre los delitos contra el honor pase de lo penal al ámbito civil, respetando los estándares internacionales de derechos humanos.

Si un periodista va a la cárcel por publicar un reportaje verídico que incomoda a los grupos de poder, eso es señal de que la Corte Suprema de Justicia les hace el juego a los poderosos, dijo Meza.

Al final, hay un enorme precio que pagar por defender la libertad de expresión y hacer periodismo crítico en Honduras. Mientras tanto, para Wendy Funes, directora de Reporteros de Investigación, “falta que el Estado implemente programas para salvaguardar la libertad de expresión en el país y que disminuyan la violencia y el discurso violento”.

A la voz crítica de Wendy se une Jennifer Ávila, del medio digital Contracorriente. Ávila señala que en el gobierno de Xiomara Castro se ha debilitado la protección de periodistas y, se han echado a andar maquinarias de criminalización contra la prensa. “También vemos retroceso respecto al acceso a la información pública, cosas que antes no eran reservadas, ahora lo son”.

Mejor dicho, en Honduras hacer periodismo significa jugarse la vida y, antes de morir, el honor, la salud mental y la vida pública.

Dunia Orellana

Periodista, documentalista y directora de Reportar Sin Miedo, el primer medio enfocado en mujeres, LGBTIQ+ y derechos humanos en Honduras. Ha publicado artículos en Reporteros de Investigación, En Altavoz, Presentes, Criterio, Anfibia, El Tiempo y Univisión, entre otros. Una de sus crónicas fue seleccionada para la antología internacional “Criaturas fenomenales” de la Caja Book, España.