Octavio Enríquez

Dime a quién reprimís y te diré quién eres

Hacer periodismo en la Nicaragua de hoy es atentar contra la “Patria”. ¿Qué pasa con quienes hoy intentan seguir en el oficio? ¿Cómo resiste la libertad de expresión? ¿Aún hay esperanza?

Bluefields es diferente, Míster. Esa historia de piratas ingleses durante la colonización no se asemeja en nada al Pacífico nicaragüense y su relación con España. Por eso, los costeños hablan más inglés que español. Allí se espekean las cosas, con sabor creole.  La naturaleza es una postal caribeña en la que cabe la arena, el sol radiante, lo divino y lo mundano. La iglesia morava, por un lado, y las fiestas en honor a la diosa de la fertilidad. Una tradición que se celebra cada mayo desde el siglo XVII, en que miles sacuden sus caderas y exprimen sus cuerpos. ¡La vida sabe a leche coco!

Allí trabajó Yahaciela Barrera, de 35 años, una reportera que buscaba historias para su comunidad hasta el mes de mayo de 2023. Luego de hacer entrevistas, ella publicaba en Radio La Costeñísima, uno de los medios de referencia del municipio en que el micrófono abierto para la ciudadanía se convirtió en su santo y seña y en un desafío al poder.

Desde siempre, sobre la costa, se ha contado la misma historia de olvido. Las calles deterioradas, pobreza, comunidades abandonadas y la influencia narco. A ese contexto se insertó la represión del Estado desde 2018. Entonces, Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron la persecución de opositores que demandaron a nivel nacional su renuncia por una reforma inconsulta a la seguridad social.

En la lista de los enemigos fue puesto el periodismo en un lugar cimero, pero también se prohibieron las manifestaciones desde septiembre de ese año y se impuso la violencia ejercida por la Policía o los grupos paramilitares simpatizantes de Ortega. Ese territorio llamado Nicaragua se convirtió en una gigantesca cárcel, en un laboratorio de impunidad de prácticas cotidianas.

A Yahaciela le tocó renunciar y exiliarse en Costa Rica, después de recorrer más de 400 kilómetros en su huida. La decisión de irse la tomó el sábado 22 de abril del 2023, cuando fue amenazada, mientras se dirigía a su trabajo. Un desconocido le puso un objeto en la espalda y ella sintió un miedo paralizante. No logró determinar de qué cosa se trataba, pero recuerda cada instante como en cámara lenta. El hombre vistiendo una camisa color turquesa, reclinado en una pared de un gimnasio, lo ve cruzándose la calle y acelerar el paso. Perseguirla. Fueron 50 metros, pero el tiempo se hizo eterno.

—Terrorista— le dijo, usando el adjetivo con que el régimen de Ortega Murillo se refiere a los periodistas independientes, mientras la intimidó. El agresor le repetía el nombre de su jefe de prensa en la radio, Kalúa Salazar. Ella es otra víctima, a la que la Policía mantuvo bajo vigilancia férrea, colándose en su vida cotidiana con oficiales apostados frente a su casa durante meses. Sin orden judicial alguna, por el pecado de ejercer periodismo.

Con casos como el de Yahaciela y Kalúa brilla una ironía retórica en la “Nicaragua libre” de la propaganda estatal. Sólo es válida en el territorio la voz de quién manda, la fuerza atropellante de los fusiles, la impunidad de los agresores que pueden operar de uniforme o como lobos solitarios, tal como ocurrió con ese desconocido que le dijo a Yahaciela otra frase de pavor: Hijueputa, hoy sí.

Nunca en sus 16 años de ejercicio profesional le había pasado algo tan peligroso. Sí la habían atacado troles del régimen de Ortega en las redes sociales por su opción sexual tras la cobertura de las protestas ciudadanas, las cuales no existieron según los amos. No es por el periodismo, es por su sexualidad o por impuestos o porque creés o porque… todo sirve. La clave es hacerla sentir con miedo por su persona, su seguridad, sus afectos. Eran ácidos y patanes. Ella se había hecho a la idea. Se cuidaba. Pero este último incidente demostraba que estaban cruzando la línea. Iban por lo físico. Si ahora ella cuenta el cuento es porque apareció una señora en la calle solitaria y el agresor dudó, y la víctima tuvo unos segundos para salir corriendo.

Con el poder despótico siempre pasa lo mismo en cualquier parte del mundo: La idea es meter miedo, limitar, impedir contar. Esa política de Estado es expansiva a todo el país, marcada por el cierre de medios de comunicación en la capital y el asesinato del colega Ángel Gahona en las protestas ciudadanas—precisamente en la ciudad de Bluefields—, aquel horroroso crimen que fue ejecutado mientras él hacía un Facebook Live.

“En la costa caribe nicaragüense, ya no hay periodistas independientes. Agarramos caminos diferentes. Bluefields está en manos del Gobierno, todos tomamos la decisión de salir por nuestra seguridad. Eso significa que la gente perdió con nuestra salida el acceso a informaciones veraces”, reflexiona.

De acuerdo con Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), un organismo independiente fundado en diciembre de 2018 por profesionales tras el ataque estatal al periodismo que representó la confiscación de 100%Noticias, Confidencial y el encarcelamiento ese año de los comunicadores Lucía Pineda y Miguel Mora, la persecución a periodistas se convirtió en prioridad para el régimen.

El oficio de acosarlos se ejerce de manera pública en el interior del país. Todo muy descarado. El impacto directo en el ejercicio de la profesión es tal que el número de periodistas ejerciendo de manera crítica en el país ha disminuido en la geografía nacional. PCIN aseguró que ya no se ejerce de esa manera en 7 de 15 departamentos: Río San Juan, Chontales, Jinotega, Granada, Masaya, Madriz y Nueva Segovia. También las dos regiones del caribe, entre ellas la de Yahaciela.

Un informe de octubre de 2023 de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), que promueve la libertad de prensa de Nicaragua desde Costa Rica, indica que en seis radios de igual número de municipios han cambiado drásticamente su programación, “suprimiendo completamente los noticieros y manteniendo una programación exclusivamente musical”.

“Nos genera mucha preocupación que los pocos periodistas que se mantienen laborando en el país, en muchos casos son expulsados de las coberturas de sucesos por parte de efectivos policiales mientras a sus pares de medios oficialistas se les garantizan los mejores ángulos para la toma de fotografías y acceso a declaraciones policiales”, agregó la FLED. El poder castiga a quienes ejercen la crítica y premia a sus subalternos que en sus notas agradecen las obras públicas al “comandante” y la “compañera”, los nombres con que la base sandinista se refiere a Ortega y Murillo.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ¡PROHIBIDA!

El mal momento del periodismo en los municipios de Nicaragua se explica en que se intenta expulsar al ciudadano del espacio público, lo que implica el cierre del acceso total a la información y su aislamiento de la toma de decisiones, según el sociólogo y municipalista Silvio Prado, quien ha dado seguimiento al auge inicial y la involución posterior del poder local en los últimos 16 años de poder sandinista.

Esa política represiva del Estado provoca que se desconozca la información sobre los presupuestos municipales y la planificación y ejecución de proyectos. Y los periodistas corren el riesgo de acabar presos, si deciden informar sobre estos temas. Según Prado, el régimen de Ortega percibe como “enemigo” a todos aquellos periodistas que no identifica como simpatizantes del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Hay una sola verdad tolerada por el régimen, hay una sola manera de informar. Y eso no es periodismo. Ni libertad de expresión.

Los testimonios de dos periodistas locales dentro de Nicaragua—bajo condición de anonimato— y otros dos en el exilio, revelan las vicisitudes que enfrentan en los territorios para reportear. Se enfrentan a lo que se da en un ambiente hostil, expresado en el cierre masivo de medios, confiscaciones y el despojo de nacionalidad. Esto último le ocurrió a 22 periodistas el 15 de febrero del 2023 en un grupo de 94 personas, integrado por líderes religiosos, campesinos, escritores, empresarios y políticos considerados opositores por el régimen y calificados como “traidores a la patria”. Eso es el periodismo para Ortega, un desafío intolerable. Ellos, los poderosos, son por otro lado la nación a la que se debe respeto y veneración.

El Día Internacional del Periodista, el 8 de septiembre de 2023, la vicepresidenta Rosario Murillo insultó a los comunicadores nicaragüenses de “mentirosos”, “vividores” y actores de “terrorismo cotidiano”. Dijo que ya estaban en el “basurero de la historia”. ¡Qué bonita manera de opinar!

“Ante la desfiguración, la mentira, la calumnia, la infamia; ante todas las difamaciones de los siervos, esclavos, vividores y pingües asalariados de los imperios con voz de gigantes gritamos ¡adelante! con el fuego sagrado de la patria que vive, que sueña, que sabe, que somos nicaragüenses bendecidos, con la fuerza invicta de todas las alegrías, valentías y victorias”, agregó Murillo. Patria, dios a lo Rosario, libertad a lo Ortega. Una misión para ganar sin rivales.

Tres días antes, el jefe del Ejército, el general Julio César Avilés, quien se mantiene en el cargo desde 2010, reiteró su lealtad a Ortega y Murillo. Calificó como “mercenarios” a los medios de comunicación. Les atribuyó campañas contra la institución militar que se ha plegado con firmeza al Gobierno, pese a los graves abusos de derechos humanos cometidos por el Estado contra los ciudadanos y documentados por organismos independientes. Muy interesante los adjetivos para denominar a los periodistas: “enemigos”, “mentirosos”, “vividores”, “terroristas”, “basureros”, “siervos”, “esclavos”, “vividores”, “pingües” … Dime como hablás y te diré quién sos. Dime a quién reprimís y te diré quién sos.

Según el índice de libertad de prensa, elaborado por Reporteros Sin Fronteras en 2022, Nicaragua es un caso preocupante en materia de libertad de prensa en la región. Ocupa el puesto 158 de 180 países, debajo de Honduras (168), pero superando a Guatemala (127), El Salvador (115), Panamá (69) y Costa Rica (23).

Entidades independientes que dan seguimiento a la situación de la libertad de expresión de Nicaragua—PCIN y FLED— han publicado informes cuyos hallazgos contrastan con la postura oficial, expresada por Murillo y Avilés. Bajo ataque del Estado, al menos 223 personas—entre trabajadores de medios y periodistas— se han exiliado en el quinquenio 2018-2023.

El impacto de la represión es tal que el organismo gremial mencionado tiene en su registro 218 personas, de las cuales 62 se encuentran en Nicaragua.  El resto ha buscado el exterior para resistir ante el poder.

El destierro forzado entre los periodistas nicaragüenses se repite a menor escala en Guatemala (28) y El Salvador (16), afectados por el autoritarismo. La guerra contra la libertad de expresión significó en Nicaragua que algunos periodistas huyeran o fuesen expropiados y desaparecidos del registro de ciudadanos. En un país con el Estado negando la represión y señalado desde hace tiempo por el ocultamiento de datos, la FLED contabilizó 1329 violaciones a la libertad de prensa desde 2018, de las cuales 759 fueron agresiones y ataques, 161 casos de discurso estigmatizante, 137 restricciones al acceso de información, 92 procesos penales, 82 detenciones arbitrarias, 42 de torturas y otros.

El peor año para el ejercicio profesional fue el de las protestas con 531 violaciones y el segundo más dañino fue 2021 con 239. El periodismo siempre se ha ejercido por pasión, su ejercicio siempre ha sido peligroso, pero en la Nicaragua de hoy no lo dejan ejercer. “Al periodista que, de forma valiente, todavía ejerce la profesión lo hace bajo completo riesgo sabiendo que su práctica le puede generar: asedio permanente, cárcel o exilio forzado. Existe cero seguridad para los profesionales en su ejercicio”, dice Guillermo Medrano, director de la FLED.

La Fundación afirmó que los periodistas fueron impedidos de cubrir noticias en sus municipios como el inicio del ciclo escolar o catástrofes naturales como inundaciones. Muchos canales locales adecuaron su programación a entretenimiento para evitar perder sus frecuencias a manos del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones (Telcor), el ente regulador del Estado.

También documentaron que 80 medios registraron 378 violaciones a la libertad de prensa. Veintiuno eran canales de televisión, 12 con cobertura local, siete de cobertura nacional y dos medios internacionales.

Medrano enfatiza, además, que documentaron el cierre de 24 noticieros y más de 12 espacios de opinión tanto en emisoras como en canales de televisión. Todos estos datos dan cuenta del indiscutible hostigamiento y asedio del que son víctimas los medios de comunicación y sus periodistas.

“Estos medios hacen un trabajo comunitario, porque son trabajos locales que muestran temas como la reparación de calles, o aumento de delincuencia, eso ahora está vetado. Muchos han sido clausurados más allá de lo que se ha documentado”, destacó Medrano desde el exilio. Hablar de la vida es peligroso. Ya solo se acepta el “alabado sea el señor y la señora”. Una anécdota explica todo: usar la bandera en la calle, prohibido; juntarse en calle y parques, prohibido; apoyar a la miss universo, prohibido; hacer el ritual del 7 de diciembre, prohibido. La libertad de expresión de periodistas y la gente, prohibida. Y todo por la Patria, Dios y la familia (Ortega Murillo). Amén.


LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ¡PECADO!

La ciudad de Nandaime está localizada en el departamento de Granada, al sur de Nicaragua. Hasta la Semana Santa de 2023, ese pueblo fue el hogar tranquilo de Víctor Yobelni Ticay Ruiz, un reportero de 31 años que salía en bicicleta a buscar las noticias de su municipio.

Ticay es ahora uno de los 91 reos de conciencia, incluyendo a diez que fueron apresados antes de 2018, según el mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas en Nicaragua.

Desde el primer año de secundaria, según quienes lo conocieron, Ticay solía hacer “entrevistas” a algunos de sus familiares. Tenía 17 años y quería ser periodista.  

En su última transmisión en las redes sociales, el miércoles 5 de abril de 2023, Ticay publicó una actividad conocida como La Reseña, una mezcla de tradición religiosa con la rebeldía de jóvenes, quienes vestidos con túnicas y sus rostros enmascarados fajean a los curiosos que los siguen por los cuatro puntos cardinales de Nandaime.

El Estado prohibió las procesiones religiosas desde meses atrás, en medio de la persecución contra la Iglesia católica. Ese fue el pecado de Ticay: transmitir pese a la prohibición.

Para septiembre de 2023, la tiranía tenía encarcelados a 12 sacerdotes, entre ellos a Manuel García de Nandaime. También al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez Lagos, quien se ha destacado por su labor pastoral y la defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses. En una acción inesperada, el régimen desterró a la docena de religiosos el 18 de octubre de 2023 y los envió a Roma, luego de conversaciones con la Santa Sede, pero no sacó al obispo que sigue siendo rehén de Ortega.

En el vídeo de Ticay se percibe el miedo de la población. Los pobladores se avisan de la presencia de la Policía. Los uniformados causan alarma, en medio del contexto opresivo del país. Al día siguiente de la transmisión, el periodista fue capturado.

Con su detención arbitraria inició un proceso secreto, sin acceso al expediente y muy poca información. Lo único conocido es que el caso del periodista se encontraba radicado en el juzgado noveno distrito de lo Penal de Audiencia en Managua, a cargo de la jueza sandinista Karen Chavarría, sancionada por Estados Unidos en marzo de 2022, cuando la incluyeron en el grupo de “actores corruptos y antidemocráticos”, la llamada “Lista Engel”.

El jueves 17 de agosto de 2023, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + informó desde Costa Rica que Ticay fue condenado a ocho años de prisión por los supuestos delitos de “propagación de noticias falsas”, “conspiración para el menoscabo a la integridad nacional” y “traición a la patria”. ¡Todo un terrorista!

“Con la detención de Ticay las personas perdieron la última opción que les quedaba de informarse en la comunidad. Él representaba mucho. Una voz para potenciar sus denuncias a nivel nacional con su corresponsalía en Canal 10, pero también con su medio digital La Portada”, dijo Houston Castillo Vado, que trabaja para la Voz de América desde Costa Rica, y quien conoce personalmente al periodista encarcelado.

Para Castillo Vado, las generaciones jóvenes acudían a La Portada para buscar la instantánea de lo que ocurría en Nandaime, desde un juego de béisbol hasta un accidente de tránsito, e incluso la situación de vulnerabilidad de alguna familia que pedía apoyo económico.

En su condición de periodista exiliado, Castillo Vado no pudo viajar al funeral de su abuela. Pero Ticay lo transmitió el 11 de marzo de 2023, poco menos de un mes antes de que las autoridades lo secuestraran. Así pudo despedir, a su modo, a su ser querido, dadas sus circunstancias actuales. “Ese es un ejemplo de lo que representaba él”, ilustró.

El sociólogo Silvio Prado coincide en que la condena al periodista de Nandaime es emblemática de la persecución del poder al periodismo independiente, porque el comunicador fue apresado por realizar su labor como reportero de las procesiones religiosas de Semana Santa. “No estaba midiendo siquiera la gestión pública”, lamentó. Informar lo que pasa te convierte en terrorista en Nicaragua; informar como el amo es patriótico. Raro eso de que la realidad de la gente sea terrorista, pero el país tiene un Poder Ejecutivo que antes que gobernar ha desatado una guerra contra el pensamiento autónomo.

LIBERTAD DE PRENSA, ¡EXILIADA!

Gerald Chávez tiene 33 años y es originario de El Rosario en el departamento de Carazo. Como Ticay, la vocación le surgió a temprana edad. Todavía guarda un vídeo, haciendo presentaciones en cámara, cuando tenía 8 años. Fueron sus primeros ensayos como periodista.

Las amenazas del Estado iniciaron antes de 2018, cuando hacía periodismo local, comunitario. Chávez se abrió pasó con su esfuerzo entre radios y televisoras a nivel local. Llegó a trabajar en un medio nacional. En cualquier caso, él encontró una importante veta informativa en los temas cotidianos.

Esa visibilización de los problemas de la gente incomodó al poder. Personeros del partido de Gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), amenazaron en 2016 con cerrar el canal televisivo local donde Chávez trabajaba, si el joven continuaba publicando las denuncias de la población.

“Mi decisión fue salirme (del canal local) porque yo no me iba a someter a la censura ni a estar abordando otro tipo de temas que no fuera la realidad de la gente”, cuenta Chávez, quien se encuentra exiliado desde hace siete años en Costa Rica para resguardar su integridad, tras sufrir amenazas de muerte.

Uno de los temas que abordó como periodista local fue la mala situación de los migrantes africanos, que cruzaban Nicaragua en su travesía a Estados Unidos, a quienes les violentaban sus derechos y luego los mandaban a Costa Rica.

Sin andarse por las ramas, la Policía entró en abril de 2016 a su casa, donde hay una comidería. Lo montaron a una patrulla y lo detuvieron durante cuatro horas. Chávez archiva algunas fotografías en las que se le ve la piel enrojecida a la altura de los antebrazos.

Los oficiales dijeron después que se habían confundido para justificar su abuso, según el periodista. Pero su celular—e instrumento de trabajo— se perdió. Aquello se convirtió en una amarga premonición de la asechanza del régimen que acrecentó en 2018 cuando ya era frecuente que los simpatizantes del FSLN lo descalificaran en las redes sociales. Como el fanático que amenazó a Yahaciela en Bluefields, a decenas de kilómetros también, Chávez era considerado “terrorista” o “golpista”.

Un día, su padre Manuel Salvador Chávez, de 68 años, recibió la amenaza de un fanático en Carazo que le advirtió que una bala en la multitud no “va a diferenciar si él tiene un cubo de un canal de televisión”, refiriéndose al periodista, su hijo, que se encontraba en Managua. 

Comenzó también una campaña para exponerlo, junto a su hermano—de oficio taxista— en las redes sociales. Gerald Chávez siempre ha sido cuidadoso de no publicar fotografías de la familia. Sin embargo, los troles lo hicieron y otros fanáticos vandalizaron las paredes de su casa. Con pintura negra, escribieron una amenaza sobre las paredes rosadas “plomo FSLN, no olvidamos”.

Cuando ya trabajaba en un canal televisivo en Managua, cercano a la Secretaría de la Juventud, un día pasó por ahí. Le tiraron basura y piedras. Comenzaron a circular fotos donde Chávez aparecía como si estuviese tras las rejas en un evidente montaje. Iba en aumento el riesgo que corría. Decidió entonces exiliarse. Llegó a Costa Rica, como otros colegas, el 30 de diciembre de 2018.

Chávez continuó haciendo periodismo crítico fuera del país. Desarrolló con otros colegas Nicaragua Actual para hacer televisión en línea y siguieron informando sobre la represión que Ortega incrementó para prolongarse en el poder y que tuvo un nuevo clímax en 2021, cuando encarceló a todos sus posibles competidores en las votaciones presidenciales de noviembre, en las que se reeligió después de anular la competencia electoral.

En estos años en el exilio, nunca disminuyeron las agresiones contra la familia de Chávez, a la que le negaron recientemente el certificado de nacimiento del periodista, argumentando que no estaba en el sistema y “que si quería debía llegar yo” a solicitarlo.

Él reconoce que ha sufrido presiones de parte de su círculo familiar para que deje de ejercer, preocupados por lo que le pueda pasar. Sin embargo, se sostiene en su vocación y la utilidad del oficio que desempeña.

“Nuestro trabajo ha sido informar. Si ha pasado todo esto (persecución) es porque al poder le ha incomodado lo que seguimos haciendo desde el exilio. Situaciones que han pasado: el asedio de la Policía en la casa, amenazas concretas de El Carmen (residencia presidencial)”, declara.

A las 11:05 de la mañana del 25 de julio de 2020, Chávez publicó un mensaje en su cuenta de X que recordaba cuán profundo es el rencor de sus perseguidores. Apareció en un video, a la par de un guardabarranco —el ave nacional— en un aparente set de Nicaragua Actual. El logo caído a un lado. Un desastre.

Entonces lo decapitaron virtualmente. Mientras la sangre escapa a borbotones de su cuello, un desconocido le disparó con un fusil hasta desfigurar su rostro en el video de 24 segundos. “Ya tenés ganado un lugar en el cementerio de El Rosario (su comunidad de origen). Avísale a la Petrona (Nicaragua, su progenitora), a tu papá y a tu hermana”, intimidaron.


LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ¡SOBREVIVE!

El ejercicio del periodismo es una tarea cuesta arriba en Nicaragua desde 2018, cuando miles de ciudadanos salieron a las calles a protestar y fueron reprimidos por el Estado, sea policías o paramilitares afines a Ortega. Fueron los periodistas los que documentaron la represión. Los testigos incómodos de la masacre de los nicaragüenses.

Si es así de duro ser periodista a nivel nacional, el reto en las localidades es enorme como comprueban los testimonios de periodistas entrevistados para este reportaje. El miedo impera.

Franklin, un reportero que inició en el oficio en 2010, afirma desde el anonimato que se suele encontrar pocos colegas en la calle. A mediados de octubre de 2022, el periodista fue uno de quienes viajó hasta El Rama, un municipio del caribe sur de Nicaragua, que fue impactado por el huracán Julia.

Uno de los barrios afectados de esa ciudad tiene el nombre de Rosario Murillo, en homenaje a la vicepresidenta. Ese día, no toda la ciudad quedó inundada, pero era notable la presencia de personeros del FSLN asistiendo a los afectados. Para él, se trataba de una alerta de peligro que no podía ignorar.

“En ese momento tenemos que analizar las circunstancias: ¿Quién podía ser la persona indicada para hablar? Si intento entrevistar a una persona y es de los CPC (Consejos del Poder Ciudadano, órganos de control civil del régimen)… me pueden decir por qué estás preguntando. Eso me complicaría mucho. Tuve que pasar mucho tiempo ahí observando sobre todo”, dijo Franklin.

Saber a quién ponerle la grabadora, sin perecer en el intento, es uno de los cuidados que toman los periodistas locales, mientras trabajan en la clandestinidad. No mencionar el medio al que trabajan, ni llevar cámaras ni nada que los haga notar. Los reportajes los construyen entonces con entrevistas muy breves, lo que aseguran les quita profundidad y análisis.

Mientras Franklin recorrió las calles inundadas de El Rama, pudo ver a la gente limpiando sus negocios, motos cubiertas de lodo, artículos escolares también afectados. Con frustración, el periodista confiesa que han perdido la paz y la oportunidad de seguir creciendo profesionalmente, porque hasta las escuelas independientes de periodismo han desaparecido.

“Lo bueno es que estamos ganando una gran experiencia, de cómo sobrevivir en una dictadura, lo que no pasa en otros países de América Latina”, afirma.

María, quien pide que no se revele ni siquiera el lugar de donde es originaria, cuenta que también se ve afectada la agenda noticiosa. Antes era variada, pero ahora ella, por ejemplo, no toca temas políticos para evitarse problemas. Tampoco firma lo que escribe.

Con las fuentes de información toca ser cuidadosos para evitar exponerlos, debido a que está vigente desde 2020 una ley de ciberdelitos, que castiga las “noticias falsas” a criterio del sistema de justicia bajo control de Ortega, la misma que le aplicaron al periodista nandaimeño Víctor Ticay.

Los periodistas se han reinventado. A diferencia de los gobiernos anteriores a Ortega, quien subió nuevamente al poder en 2007, los reporteros no visitan las oficinas del Estado en búsqueda de información. Toca ahora planificar lo que se va a publicar y calcular también los riesgos, es decir, generar su propia agenda de temas que le interesan a la población.

Muchas frustraciones comparten Franklin y María de esa anormalidad impuesta por el poder para sembrar silencio en el periodismo y así, como una onda expansiva, en la sociedad.

En ocasiones, ella admite que le ha tocado dormir fuera de su casa, porque en algún momento—producto de la coyuntura— analizó que lo mejor era moverse a otro sitio para evitar una detención.

Los propagandistas de la dictadura son también un peligro y deben también cuidarse de ellos. Muchas veces reclaman a las autoridades sobre cómo los independientes obtuvieron “x o y” información. Y eso también los pone en peligro.

Pese a todo, María afirma que nunca ha pensado en renunciar. “Uno no deja de ser periodista, aunque deje el trabajo. Siempre estás haciendo cosas, pero no es como antes. Lo hacés con limitaciones, pero sobre todo con prudencia”, valora.

Más que una evaluación parece un consejo. Esa voluntad de seguir contra viento y marea la conserva también Yahaciela Barrera, Míster. Ella se enamoró de la profesión cuando era una jovencita. La periodista de Bluefields sólo piensa ahora en su próxima noticia, mientras se acomoda a su realidad de exiliada. Recorre en libertad las calles de San José, Costa Rica, con el pensamiento en su añorada Nicaragua.


SEGUIMOS

Lo de Nicaragua es algo de ‘no te lo puedo creer’: Guerra contra la libertad de expresión, contra periodistas y contra la gente; persecución al periodismo; comunicadores literalmente borrados de ser nicaragüenses, con sus propiedades confiscadas y con inseguridad permanente para sus familias. 

Y, a pesar de todo, somos tercos y seguimos adentro y afuera de ¡la patria! Ser periodista es un oficio de la libertad, una pasión de la democracia, una forma de vivir, una manera de enfrentar a la barbarie, una alegría por la que vale la pena seguir molestando “al amo”.  ¡Seguimos!

Recuento de una guerra contra las libertadesEl ataque de la tiranía de Daniel Ortega contra el periodismo y las libertades de los ciudadanos se recrudeció en abril de 2018. Desde entonces, se han valido de la intervención policial y el uso de los tribunales para criminalizar el oficio, pero el método se ha centrado en dictar cárcel, muerte, exilio o confiscación a las voces críticas.El 21 de abril de 2018, mientras transmitía en redes sociales las protestas masivas de la población contra el régimen, el periodista Ángel Gahona fue asesinado. Cinco años después, sus familiares y el gremio aseguran que su caso se mantiene en la impunidad.Entre el 18 abril de 2018 y el 31 de julio de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contó al menos 355 asesinatos en el contexto de la represión de las protestas, y más de 2000 personas resultaron heridas.El periodismo fue uno de los objetivos del poder. En el quinquenio 2018-2023, los periodistas Lucía Pineda y Miguel Mora, el cronista deportivo Miguel Mendoza y Juan Lorenzo Holmann fueron encarcelados bajo fabricaciones judiciales.Las instalaciones de los diarios La Prensa y Confidencial y de la televisora 100%Noticias fueron confiscadas. También quemaron las oficinas de Radio Darío en León, al occidente del país, desde 2018.En julio de 2022, todos los periodistas que integraban la sala de redacción de La Prensa —el decano del país fundado en 1926— debieron exiliarse a causa de la persecución desatada por Ortega, tras la cobertura a la expulsión de las monjas de la Misionera de la Caridad. Otro hecho documentado de persecución religiosa.Según la Fundación por la Libertad de Expresión y la Democracia (FLED), las presiones del Estado se han diversificado durante estos cinco años. Es común que se notifique por teléfono el cierre de los medios, argumentando órdenes superiores, y en otros casos se ha dado la intervención directa del secretario político del FSLN en el municipio.  Una decisión inapelable para las víctimas en los territorios.El impacto de estas presiones contra el ejercicio profesional es crítico, tanto a nivel nacional como en los municipios. Los medios se debaten entre el miedo y la sobrevivencia económica, por lo que consideran la seguridad (25%) y el tema económico (35%) como prioridades, según una cartografía de medios y periodistas elaborada por PCIN en marzo de 2023.Los resultados parten del análisis de las entrevistas realizadas a 49 directivos de medios de comunicación en 20 municipios de Nicaragua. Las principales conclusiones son las siguientes:*         La oferta de las noticias se ha reducido en estos años*         De las 16 radios entrevistadas, sólo cinco continúan produciendo noticias*         De las ocho televisoras por cable, apenas una transmite noticias*         Sólo en una de las seis páginas web hay noticias*         De los 15 medios que transmiten por redes sociales, cuatro contienen noticias“Los medios de comunicación locales están sobreviviendo las peores horas de la libertad de prensa en el país, a la espera de que algo cambie para poder informar con libertad y recuperar el vigor que algún día tuvieron”, indicó ese informe de PCIN.

Octavio Enríquez

Octavio Enríquez. Exiliado. Me gusta investigar, contar historias sobre conciencia humana, no puedo dejar de escribir sobre Nicaragua por dolor. A pesar del desarraigo impuesto, no dejo de soñar