Yadira Aguagallo

Informamos, pero no narramos

A inicios del 2024 Ecuador llegó a 45 muertes por cada 100 mil habitantes, convirtiéndolo en uno de los países más peligrosos del planeta. El impacto: la angustia cultural de habitar las “ciudadanías del miedo”. Allí los periodistas se dicen que estos son los momentos en los que hace falta más periodismo. Pero, ¿cómo asegurar un adecuado ejercicio de la libertad de expresión en un país en donde el crimen organizado pone la agenda noticiosa, política y económica?

La transmisión en vivo tiene una duración de 35 minutos con 12 segundos. El periodista del canal de televisión ecuatoriano TC se encuentra en exteriores, relatando la coyuntura de uno de los días de mayor violencia en el país en lo que va del 2024. Da su paso a los estudios en Guayaquil en donde los presentadores Jorge Rendón y Vanessa Filella deberían continuar con la programación del mediodía del martes 9 de enero. Pero la imagen enfoca a un estudio vacío y pasan exactamente 90 segundos hasta que en la pantalla se observa a un hombre encapuchado, con un revólver en sus manos, le siguen otros cuatro que ostentan tacos de dinamita y armas de fuego largas frente a las cámaras. Hacen que periodistas, camarógrafos, jefes de piso y sonidistas pasen al frente de las cámaras a punta de patadas, los acuestan en el piso y les apuntan a la cabeza. Más encapuchados se suman al ataque. Pasan siete minutos hasta que logran ubicar al sonidista y exigen ser conectados a los micrófonos para enviar un mensaje.

El país entero entra en pánico. Las calles empiezan a llenarse de personas que quieren llegar a sus casas, el Ministerio del Trabajo ha ordenado que los funcionarios públicos se acojan al teletrabajo y ha recomendado a los privados que muden su operación a plataformas remotas. Los pitazos de los autos, los embotellamientos, las sirenas, los gritos son el denominador común, así como la sensación de que ningún lugar es ya seguro. Los padres intentan llegar a las escuelas de sus hijos. Las paradas del metro de Quito se militarizan. Se cierran las consultas externas de los hospitales, pues sólo se atenderán emergencias.

De vuelta a TC, varios colegas, escondidos en baños y oficinas empiezan a enviar sus reportes. Quienes somos parte de los grupos de WhatsApp de periodistas y medios redactamos desde la desesperación, abandonamos nuestra condición de reporteros para rogar por la vida de nuestros colegas, lloramos abrazados en nuestras oficinas. Nos tiemblan las manos para escribir los titulares. Una vez más debemos relatar nuestro propio dolor. Porque sentimos en nuestra piel la desesperación del colega José Luis Calderón, quien aparece encañonado en la pantalla de TC con las manos en señal de oración repitiendo ante las cámaras lo que sus captores le obligan: “que se vaya la Policía”. José Luis se arrodilla, levanta los brazos como una plegaría, al menos tres sujetos lo rodean, exhiben los explosivos sobre su cara. Al minuto 13 con 22 segundos empieza una balacera, se apagan las luces del set y los gritos y el llanto llenan el espacio. Nos damos golpes contra nuestros escritorios. Tememos lo peor. ¿A cuántos debemos enterrar esta vez?

El ataque termina con la intervención de la Policía, milagrosamente se registra un herido y no hay personas fallecidas. Pero que no debamos contar muertos no significa que estemos a salvo. Puede ser cualquiera de nosotros. En la calle en medio de una cobertura. En la redacción mientras el día a día se desarrolla. En las zonas de frontera. En las ciudades tomadas por el narco. En cualquier parte y a cualquier hora. Pese a eso, tres meses después del ataque a la televisora, cuando estas páginas se están redactando, seguimos impávidos, paralizados, anestesiados. Es cierto que las organizaciones de defensa de la libertad de expresión y de los trabajadores de la prensa emitieron exhortos con la exigencia de mayores garantías y la consigna de terminar con la impunidad. Pero luego, volvimos a la dinámica de seguir reportando un país que se desangra, que cambia a cada minuto, en el que una coyuntura desplaza a la otra día a día. Y ahí estamos nosotros, sin parar, en la espiral de la generación de información para sobrevivir. Porque nos decimos que estos son los momentos en los que hace falta más periodismo. Pero, ¿cómo asegurar un adecuado ejercicio de la libertad de expresión en un país en donde el crimen organizado pone la agenda noticiosa, política y económica? ¿Cómo trabaja una prensa amenazada? ¿Cómo la violencia está marcando las narraciones y las creaciones simbólicas del Ecuador? ¿Cómo están asimilando las audiencias esos relatos del horror? ¿Qué sentidos se están construyendo? Y ¿es posible un verdadero ejercicio de la libertad de expresión en estas condiciones?

Entierro, destierro y encierro: la situación de la prensa en Ecuador

De acuerdo con reportes de la Fundación Periodistas Sin Cadenas, el 2023 cerró con un total de 289 agresiones a la prensa en Ecuador; de ellas, 70 fueron contra mujeres periodistas, 143 contra hombres y 76 contra medios de comunicación en general.[1] Así, el año pasado fue el que mayores ataques registró en contra de trabajadores de la comunicación de los últimos años.

La organización, creada en 2018 tras el secuestro y asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio, conformado por el periodista Javier Ortega; el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, mostró su preocupación por el incremento significativo de las amenazas de muerte hacia reporteros; pues, mientras en 2022 se registraron ocho, en 2023 la cifra llegó a 30, lo que representa un porcentaje de variación del 275%.

De esos 30 casos, nueve terminaron convirtiéndose en exilios; es decir, en la salida obligatoria de periodistas del país para precautelar sus vidas y las de sus familias ante la inminencia de un ataque en su contra. En mayo de 2023 recibimos el primero de estos golpes en contra de la libertad de expresión, con la noticia del destierro de la periodista Karol Noroña, una de las voces con mayor experiencia sobre la situación de las cárceles en el país. La reportería de Karol fue fundamental para relatar la docena de masacres carcelarias que se han suscitado en Ecuador en los últimos cuatro años y en las que han muerto al menos 500 personas privadas de la libertad. De no ser por sus reportes, habría sido más difícil entender las formas en las que las bandas criminales había permeado el sistema de rehabilitación social, estableciendo poderíos en los diferentes centros de reclusión en todo el país y corrompiendo a funcionarios públicos en su cruzada por hacerse con el control de las cárceles para desde ahí emprender una guerra que ahora se vive en las calles.

Karol no sólo reportó el modus operandi de varios de los grupos que hoy, casi un año después del exilio de la periodista, son considerados como terroristas, luego de que el actual presidente Daniel Noboa los declarara así mediante el Decreto Ejecutivo 111 que estableció, además, la existencia de un conflicto armado interno; la comunicadora también denunció la negligencia del Estado en su actuar para recuperar el control de las cárceles. De hecho, según reporta la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios)[2], uno de los últimos trabajos de Noroña mientras se encontraba en el país trataba sobre las familias de las víctimas de las masacres en las cárceles y su accionar frente a lo que consideraron “impunidad estatal” al no establecerse responsables por las muertes al interior de los centros penitenciarios.

“A veces nos vamos para seguir contando” escribió Noroña en su cuenta de X antes de salir del país y desde entonces su voz, su redacción prolija, su reportería precisa, su agudeza para encontrar la noticia y su sensibilidad para relatarla nos hacen faltan para asegurar esa garantía de ser informados que involucra el ejercicio de la libertad de expresión.

El pleno derecho a expresar las opiniones e informar sin ser sujetos de represalias tampoco está asegurado mientras no se ubiquen a los responsables del exilio de Lissette Ormaza, presentadora del canal regional Majestad TV, quien tras sufrir un atentado camuflado como siniestro de tránsito decidió salir del país para salvaguardar su vida y la de sus dos hijos. “Me voy a ver obligado a usar la última bala que la tengo grabada con su nombre”, “tu periodismo no nos asusta y la próxima no será un accidente, será una bala en tu frente” son algunos de los mensajes que Ormaza recibió luego de haber publicado un trabajo periodístico en Santo Domingo de los Tsáchilas, una ciudad que en 2023 reportó una tasa de 19,2 homicidios por cada 100 mil habitantes. 

Tras el abandono del país por parte de la comunicadora, llegó otra pérdida para el periodismo: el exilio, en julio de 2023, de los fundadores del medio digital La Posta, Mónica Velásquez y Andersson Boscán, quienes denunciaron la llegada de un grupo de élite de la mafia albanesa al Ecuador con el único propósito de atentar en contra de su vida tras la publicación de el reportaje El Gran Padrino que relata las conexiones entre el Gobierno del expresidente Guillermo Lasso, operadores políticos en las empresas públicas y miembros de la mafia albanesa. Por medio de una carta dirigida a organizaciones de defensa de la libertad de expresión nacionales e internacionales, los periodistas que además son esposos, expusieron que sus hijas habían sido fotografiadas en el recorrido rumbo a su escuela y que estas y otras imágenes de su familia eran utilizadas para enviar amenazas constantes.

A estos tres casos se sumaron otros seis de reporteros que prefirieron mantener sus nombres en reserva por temor a represalias, pero que denunciaron amenazas para leer panfletos de grupos delincuenciales en vivo, atentados en contra de sus autos y domicilios, mensajes con detalles de su ubicación y otras acciones de amedrentamiento que los llevaron a tomar la decisión de abandonar su vida tal como la conocieron para reubicarse en otro país.

Empezar desde cero, establecer nuevos contactos y relaciones, encontrar una nueva escuela para los hijos, padecer las consecuencias psicológicas del exilio y tratar de continuar haciendo periodismo puede llegar a costarle más de USD 50 mil a un periodista que por proteger su vida deja su espacio de residencia habitual, según la investigación de la periodista Diana Romero publicada en la sección de investigaciones de Periodistas Sin Cadenas. [3]  

Y hay costos que no están contemplados en esa cifra, como el silencio y la autocensura, fuentes que dejan de ser cubiertas, hilos narrativos que se rompen, en resumen: una crisis de la narración[4] que impide que se ejerza ese derecho que tiene todo ciudadano a no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión, protegido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 19.

La ciudadanía del miedo

“El país se convirtió en una enorme morgue”. Esa fue la figura retórica que utilizó Juan Diego Quesada, corresponsal del Diario El País de España para Colombia, Venezuela y la región andina, para describir al Ecuador. No es para menos, antes del estado de excepción decretado por el presidente Noboa a inicios del 2024, las cifras de muertes violentas habían llegado a una tasa de 45 por cada 100 mil habitantes, convirtiendo a esta tierra de la mitad del mundo en uno de los lugares más peligrosos del planeta y en epicentro del miedo.

En los últimos años los noticieros, las primeras planas, las stories de las redes sociales de los medios, los contenidos que circulan se han visto inundados de imágenes que describen a un país en el que toda esperanza se ha esfumado: un hombre atado a explosivos deambulando por las calles del centro de Guayaquil mientras espera que la Policía lo rescate de su fatal destino; el video del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio subiendo a una camioneta para, segundos después, ser impactado por las balas; los gritos de un niño junto al cuerpo de su abuelo asesinado a balazos afuera de una entidad bancaria; el ruido de los motores de las lanchas en las que se moviliza un comando de 30 sicarios para llegar al puerto pesquero de Esmeraldas en el que asesinaron a nueve personas; la foto de Rosita Saldarriaga, viuda del alcalde de Manta asesinado, Agustín Intriago, vestida con un chaleco antibalas en el velorio; los mensajes de voz que los reos envían a sus familiares en la madrugada contando cómo los cuerpos de sus compañeros son desmembrados con motosierra, hablan de algo más que de seguridad y de violencia. Hablan, sobre todo, de la ruptura del pacto de confianza que toda sociedad tiene hasta que llega un nuevo orden impuesto. 

Ese nuevo orden se basa en la incertidumbre, en la desconfianza que nos produce el otro, que se alimenta del miedo y que se concreta en lo que la periodista venezolana Susana Rotker, quien se dedicó a documentar la violencia urbana en México, Colombia, Venezuela y Brasil, llamó ya en el año 2000 como “ciudadanía del miedo”[5] para hacer referencia a una población que vive un sentimiento generalizado de indefensión, que empieza a perder el arraigo colectivo, que ve destruido su paisaje de familiaridad; en resumen, que vive una angustia cultural. Porque los hechos de violencia, convertidos en representaciones, discursos y relatos ya no son solo una percepción, se han vuelto la experiencia con la que se habita la vida cotidiana y frente a ellos, la capacidad de movilización y de expresión es casi nula.

“La violencia reclama una validez de interpretación en términos simbólicos, desde las representaciones mediáticas hasta su construcción en el imaginario colectivo” expresa el periodista y catedrático venezolano Johandry Alberto Hernández en su ensayo Pensar la violencia desde las mediaciones: retos epistemológicos en comunicación [6], como una invitación a plantearnos el rol de los medios en sociedades que viven en estado de crisis o que han alcanzado lo que en psicología se conoce como situación límite: algo que se vive como inevitable, con un sentimiento de desgarro de uno mismo, frente a la cual se tiene la conciencia de que las soluciones van a demandar de herramientas que no se tienen, por sobre lo que se ha conocido hasta el momento.

Y planteo este debate porque la libertad de expresión no es un patrimonio de los medios de comunicación o de los periodistas; y, en Ecuador, desde hace mucho tiempo, se ha marcado esta relación dejando por fuera de la definición a la ciudadanía. Quienes hemos trabajado en defensa de esa libertad de expresión (hago aquí un mea culpa) nos hemos enfocado más en la situación de los medios y periodistas que en las condiciones de las audiencias, quienes son, al final, las destinatarias de los relatos que generamos y que tienen el derecho a recibir información que le permita compartir posturas y crear una percepción y visión del mundo propia.  

Se trata entonces, como Hernández lo plantea, de “indagar qué rol ocupan los medios en las violencias y qué rol las violencias en los medios” y cómo estamos generando relatos de este Ecuador de la inseguridad.

Jesús Martín Barbero, teórico colombo-español de la comunicación, apunta en su ensayo Los laberintos urbanos del miedo[7] que, por ejemplo, la violencia en los procesos electorales de ese país a finales de los ochenta del siglo pasado, caracterizados por asesinatos a candidatos, atentados y amenazas casi acabaron con la teatralidad de la política vivida en las calles, por el hecho de la reconceptualización: un recinto electoral ya no es sinónimo de la fiesta democrática, es ahora un lugar de muerte. Y así, la política fue reduciendo su espacio y su forma propia, obligándose a sí misma a resguardarse y a convertirse en un espectáculo de pantalla. Televisivo, decía en realidad Martín-Barbero, pero si lo extrapolamos a esta década convendríamos en que ese desplazamiento del espacio de la política, debido a la violencia, encontrará su refugio en laptops, ipads y celulares, generando una ilusión de participación y libertad en la toma de decisiones por el hecho de dar un like.

Y ahí, como lo apuntan Omar Rincón y Germán Rey, ambos estudiosos también de la comunicación, en su trabajo Los cuentos mediáticos del miedo[8], sobreviene una de las grandes preocupaciones de los países en los que la ciudadanía es la del miedo: que la inseguridad y la angustia son altamente comunicables, por su atracción narrativa, su trama dramática y su impacto en la opinión, porque el miedo se alimenta de miedo.

“A más miedos, más cuentos mediáticos del miedo: más publicaciones, más historias, más sensacionalismo, más individuo, más estigmatización, menos investigación, menos democracia” exponen Rincón y Rey; y, paradójicamente menos periodismo, al contrario de lo que nos prometimos luego del ataque armado a TC; o cuando enterramos a Paúl, Javier y Efraín.

La crisis de la narración

Presas de la rapidez con la que suceden los hechos, sobre todo aquellos que tienen que ver con violencia, vivimos en un tsunami narrativo, en el que una masacre sale de la agenda pública y es reemplazada por la última investigación fiscal sobre delincuencia organizada y esta a su vez por las toneladas de droga incautadas en algún puerto. Todos esos hechos tienen relevancia noticiosa, es cierto, pero al mismo tiempo llegan a las audiencias atomizados en pequeñas cápsulas informativas, con las cifras del Estado como fuente oficial y sin posibilidades de ser rebatidas.

Uno de los ejemplos más claros de este fenómeno, que el filósofo coreano Byun Chul Han describe como la crisis de la narración, es el relacionado a la cifra de “terroristas” detenidos por las fuerzas del orden en el marco del estado de excepción. Con corte al 4 de marzo de 2024, las cuentas de redes sociales de la Presidencia de la República exponen la detención de 11.711 personas en 148.413 operativos, cifras que son replicadas por notas periodísticas como balance de la gestión del Gobierno para controlar la ola de violencia que azota al país y que a simple vista parecerían hablar de un supuesto éxito en la contención de la crisis.

El detalle que hasta hace pocos días fue ignorado es que, de aquellos detenidos, apenas unos 500; es decir, sólo el 5% tiene un proceso judicial abierto en su contra, de acuerdo con datos de la propia Fiscalía General del Estado, publicados por Diario La Hora[9]. De esa cifra, apenas unos 42 tienen un dictamen acusatorio. 

Narración e información son, dice Han[10], fuerzas contrarias. La narración busca subrayar la opacidad del mundo; mientras que, informar supone el consumo de narrativas y emociones. Narrar es buscar los claroscuros de la presentación de los hechos y confrontarlos para que esas opacidades puedan ser rellanadas con reflexión y sentido de comunidad. Informar es crear narrativas efímeras, en un bosque sin orientación, que no establece continuidades ni fenómenos.

Informar, por sí sólo, no asegura libertad de expresión, pues no se cumple la premisa de que aquel intercambio comunicativo lleve a los individuos a plantearse una visión del mundo propia. Se trata, dice el autor, de una ilusión de la libertad, en realidad de una apuesta por el concepto de libertad absoluta para decir, pues contamos con todas las vías para opinar mientras posteamos y compartimos.

Celebrar la cifra de detenciones sin reparar en el fondo de ese número ¿es un signo de que estamos naturalizando y legitimando la vía militar y policial como la única forma de enfrentar la situación de violencia e inseguridad en el país? ¿qué hay de las políticas públicas en materia social, de la recomposición del tejido comunitario, de la apuesta por la cultura como la forma para rehabilitar el pacto de confianza que se ha menoscabado? ¿Tienen cabida estas narraciones frente a la oficialidad de la información?

Finalmente …

“Estamos patrullando toda la ciudad, revisamos antecedentes penales y tatuajes relacionados a bandas criminales, pues eso nos ayuda a perfilar mejor a los sospechosos” fueron las declaraciones que ofreció uno de los militares encargados de los controles de la fuerza pública en el centro de Guayaquil. Y sus palabras se convirtieron en titulares: “A la caza de tatuajes” ofreció como apertura el portal Primicias el 11 de enero de 2024 y pasó a describir cómo las requisas incluyen la detención de sujetos que llevan tatuados “toda una fauna de animales” que estaría relacionada con las identificaciones que usan las bandas consideradas como terroristas.

En medio de esta crisis de la narración lo que se esperaría es que los intercambios comunicacionales que surgen desde el periodismo, desde quienes ejercen un liderazgo de opinión en diversos espacios, desde las entidades públicas y privadas, desde tantos otros etcéteras, ofrezcan un sentido más democrático y ciudadano de la seguridad en lugar de convertir al miedo en un argumento del juego político o de llevarnos por el camino más fácil y más peligroso que es el del estereotipo, la xenofobia y el clasismo.

Finalmente, Martín-Barbero, quien centra su análisis en los cambios que producen las narraciones del miedo en las ciudades, asegura que esa necesidad de afrontar el miedo desde nuevos sentidos no emanará desde la clase política, acostumbrada a capitalizar el discurso en la utilidad electoral, sino desde la construcción de grupos de relación cálida, en medio de la tormenta, que generen cercanías, desde los feminismos, desde las juventudes, desde los movimientos de reivindicación de derechos. Es ahí adonde necesitamos regresar a ver.


[1] Fundación Periodistas Sin Cadenas. (2023). Amenazas de muerte contra periodistas, casi cuadruplicadas en el 2023. https://www.periodistassincadenas.org/amenaza-de-muerte-aumenta/

[2] Fundamedios. (2023) Periodista ecuatoriana es amenazada y sale del país ante un riesgo inminente. https://www.fundamedios.org.ec/alertas/periodista-ecuatoriana-es-amenazada-y-sale-del-pais-ante-un-riesgo-inminente/

[3] Romero, Diana. (2023) ¿Cuánto cuesta el exilio de un periodista? Fundación Periodistas Sin Cadenas. https://www.periodistassincadenas.org/cuanto-cuesta-exilio-periodista/

[4] Tomo aquí el concepto de la crisis de la narración de Byun Chun Han que describe a la supremacía de la información atomizada por sobre el relato y la historia para establecer que en el caso de Ecuador, esa crisis de la narración tiene un factor adicional que es el de la informar para sobrevivir, para seguir haciendo periodismo sin el riesgo de morir, disfrazando historias con stories para de algún modo seguir apostando por el periodismo, aunque sea en los formatos posmodernos de la instantaneidad. Más adelante retomaré este concepto para plantear la necesidad de un periodismo más pausado, que tome los elementos sanadores del relato en las sociedades como camino para narrar a un país que se desangra. 

[5] Rotker, Susana. (2000). (Editora). Ciudadanías del miedo: Caracas: Nueva Sociedad. https://www.redalyc.org/pdf/122/12211108.pdf

[6] Hernández, Johandry Alberto. (2013) Pensar la violencia desde las mediaciones: retos epistemológicos en comunicación. Signo Y Pensamiento, 32(63), 16–32. https://doi.org/10.11144/Javeriana.syp32-63.pvdm

[7] Barbero, Jesús Martín. (2003). Los laberintos urbanos del miedo. Universitas Humanística. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. https://www.redalyc.org/pdf/791/79105605.pdf

[8] Rincón, Omar. Rey, Germán. Los cuentos mediáticos del miedo. https://www.flacsoandes.edu.ec/sites/default/files/agora/files/1219155569.los_cuentos_mediaticos_del_miedo_por_omar_rincon_y_german_rey_2.pdf

[9] Diario La Hora. De los 10.000 detenidos por el estado de excepción solo 494 están procesados. (2024). https://www.lahora.com.ec/pais/de-los-10-000-detenidos-por-el-estado-de-excepcion-solo-494-estan-procesados/

[10] Han, Byun Chul. (2023). La crisis de la narración. https://herdereditorial.com/media/wysiwyg/La_Crisis_de_la_Narraci_n_-_primer_cap_tulo_-_Herder_Editorial.pdf

Yadira Aguagallo

Periodista y comunicadora social. Docente universitaria en temas de comunicación en crisis, lectura del contexto y análisis del discurso. Directora de Comunicación del gabinete estratégico de análisis político y comunicación ICARE.