Angélica Cárcamo

Periodismo independiente en tiempos de deriva autoritaria

En El Salvador la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas tiene como principal instigador al popular Nayib Bukele. Eso del periodismo independiente es el diablo de su proyecto mesiánico. Lo inédito es que tiene predilección por las mujeres periodistas donde expresa sin tapujos su odio por su condición de género. La noticia en El Salvador es perseguir periodistas por informar. Pero ellos se agremian y siguen informando.

Cuando abrieron el portón del reclusorio Víctor admiró el cielo. “Está bien azul”, se dijo. También vio con detención la carretera, como si fuese su primera vez viendo el asfalto, e inmediatamente recordó con nostalgia a su familia. Su reacción no era menor: Víctor había pasado 11 meses en prisión.  Ahí pasó por diversas celdas, en donde se enfermó y hasta agonizó. “Jamás voy a olvidar esa pesadilla”, comentó.

Víctor fue el primer periodista en prisión en El Salvador. Para entender cómo llegamos a esta situación, es importante explicar la descomposición del Estado de Derecho y de la construcción del menosprecio a derechos fundamentales, como el de la libertad de expresión.

Génesis de un dictador

Hablar sobre libertad de prensa y seguridad de las personas periodistas en El Salvador implica contextualizar la situación del país y cómo uno de los personajes de este escrito, pese a tener un alto nivel de popularidad, es a la vez el principal instigador en contra del periodismo, me refiero a Nayib Bukele.

La frase periodismo independiente le genera al presidente una especie de comezón, le es incómoda, casi pareciera una urticaria contagiosa, y que sólo se transmite a cualquiera de sus seguidores o fanáticos, incluidos en las redes sociales.

Aquel joven político que defendía el periodismo dio sus primeras señales de transición hacia el odio cuando asumió el cargo como presidente el 1 de junio del 2019. Ese día un periodista del medio escrito El Diario de Hoy fue interceptado por miembros del batallón presidencial obligándolo a borrar las imágenes porque “no debía estar en esa zona”. El hecho se pensó como algo excepcional. Dos meses después a periodistas de los medios digitales El Faro y Factum se les negó el ingresó a las conferencias de prensa; durante los años siguientes las declaraciones estigmatizantes, los acosos digitales y el abuso de poder de la Fuerza Armada o la Policía Nacional Civil pasarían a convertirse en el pan de cada día.

La construcción de la prensa como enemiga no es nueva, es parte de las estrategias de cualquier grupo de poder político o económico con el objetivo de deslegitimar una de las labores que requieren de un compromiso social en la búsqueda de la verdad, de ente fiscalizador, y el compromiso de brindar información oportuna y crítica a la sociedad frente a aquellos que promueven la corrupción.

Durante los gobiernos del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), los expresidentes Alfredo Cristiani, Armando Calderón Sol, Francisco Flores y Antonio Saca tenían sus propias formas para quejarse de la prensa incómoda. Tanto Cristiani como Calderón Sol promovieron una generación de periodistas menteros, frase que se utiliza para dar dádivas a cambio de favores. Flores, por ejemplo, emprendió acciones para afectar en aquel entonces al medio de comunicación televisivo Canal 12, que en aquel momento tenía a uno de los periodistas más respetados: Mauricio Funes; irónicamente él se convertiría en 2009 en presidente y posteriormente se sumaría a la lista de funcionarios acusados por corrupción. Por su parte, Antonio Saca, evitó la aprobación de una Ley de Acceso a la Información Pública para obviar rendir cuentas a la ciudadanía “la mejor ley es la que no existe”, decía el ex mandatario quien se encuentra en prisión.

Con la llegada a la presidencia del partido izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), “el periodista” Mauricio Funes también desarrollaría una manera para señalar a los medios que no compartían su forma de gobierno y creó sus propios espacios de entrevistas en medios estatales de radio y televisión, al estilo de “Aló” del expresidente venezolano Hugo Chavez o del programa “Enlace Ciudadano” del expresidente ecuatoriano Rafael Correa. Para el caso del expresidente Sánchez Cerén su relación con la prensa fue poca o nula, su falta de habilidad frente a los medios de comunicación obligó a que la vocería recayera en su secretario de comunicaciones.

En el caso de Nayib Bukele su trato con la prensa gira según sus intereses. Cuando inició su carrera política como alcalde de Nuevo Cuscatlán, un municipio ubicado a 12 kilómetros de la capital salvadoreña, participaba en diversos programas televisivos, en todas las entrevistas que le fuese posible, él sabía que a mayor exposición su imagen sería más fácil de posicionar. Vale recordar que Nayib dirigió Obermet, una agencia de publicidad de la familia Bukele.

En las alcaldías de Nuevo Cuscatlán y San Salvador, Nayib mantuvo una relación bipolar con la prensa. Por un lado, promovía la importancia del periodismo independiente e incluso participó en el Foro Centroamericano de Periodismo (FOROCAP) del 2016, impulsado por el medio El Faro a quienes felicitó por su trabajo. Al mismo tiempo Bukele fue vinculado a un grupo de personas a quienes se les acusó de clonar las páginas web de los medios La Prensa Gráfica (LPG) y El Diario de Hoy. 

Una vez en el poder su narrativa cambió en contra de cualquier medio que le fuera incómodo. Parece que los funcionarios pro libertad de prensa se transforman al llegar a la silla de la casa presidencial.

Los discursos de odio empezaron luego que el equipo de comunicaciones y prensa de Casa Presidencial empezaron a vetar a periodistas de determinados medios a sus conferencias de prensa, posteriormente otras instituciones de gobierno promovieron las mismas prácticas. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) alertó de dicha situación por medio de sus denuncias públicas. Entonces, el mandatario pasó al ataque y las campañas de difamación a través de las redes sociales, principalmente la plataforma digital X (antes Twitter).

Basta un tuit para que ”sus” simpatizantes empiecen a atacar a periodistas, acosarlos y, en algunos casos, el linchamiento digital. Solo en 2023 la APES registró 131 vulneraciones en el espacio digital, y aquí quienes se llevan la peor parte son las mujeres periodistas cuyos comentarios de odio radican por su condición de género. Un estudio reciente de la APES publicado en enero de 2024 reveló que las periodistas se enfrentan a comentarios con una carga de violencia sexual, misoginia y lesbofia. Expresiones como “sos una puta”, “perra” o “te voy a violar”, son parte de los comentarios que se pueden leer en el informe. Como consecuencia, muchas de las periodistas prefieren autocensurarse para dejar de ser atacadas. A nivel estatal no hay acciones que sancionen este tipo de narrativas, que son promovidas por el propio presidente.

Una maquinaria de propaganda y de ataques contra el periodismo independiente y las voces críticas.

En El Salvador no existen leyes de medios públicos, ni siquiera legislación de medios gubernamentales. Durante el período del 2011 al 2018 el sector de medios comunitarios aglutinados en la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS) promovió el debate por la democratización de la comunicación. Durante ese tiempo el ex secretario de comunicaciones del primer gobierno del partido FMLN, David Rivas, presentó una propuesta de ley de medios públicos que no fue apoyada ni por su propio partido, puesto que era más útil para el oficialismo utilizar los medios a sus intereses en lugar de fomentar medios independientes a los gobiernos de turno. Esa decisión pasaría factura con la consolidación de un sistema de medios del oficialismo con el Bukelismo.

Actualmente el gobierno ha fortalecido a los medios gubernamentales Canal 10 y Radio Nacional con una agenda pro-gobierno y espacios de entrevistas carentes de método periodístico, la mayoría de sus presentadores son, al mismo tiempo, empleados de las oficinas de comunicaciones en ministerios o entidades autónomas pero se promueven como “periodistas críticos del gobierno”, a ellos se suman la radio y televisión de la Asamblea Legislativa que únicamente da voz a los diputados del oficialismo y afines, las voces críticas o partidos de oposición son invisibilizados o atacados. Las redes digitales del congreso también retoman la posición oficial, inclusive aquellas publicaciones que promueven discursos de odio en contra de las voces disidentes. 

La administración Bukele sabe que la pluralidad e independencia de medios de comunicación, son el enemigo perfecto, y por ello también utiliza medios de comunicación privados para ampliar su caja de resonancia, me refiero a los medios administrados por el Consejo Nacional de Bienes (CONAB).

El CONAB es una entidad estatal que tiene como función administrar a aquellas empresas privadas de personajes que están siendo investigados por presuntos actos de corrupción, en el marco de la Ley de Extinción de Dominio. Actualmente esta instancia tiene a su disposición más de una docena de medios entre radios, televisión y medios digitales debido a que presuntamente fueron adquiridos en esquemas de corrupción y lavado de dinero. Entre dichos medios se encuentra la cadena del grupo radial Samix del expresidente Saca (procesado por corrupción y quien se encuentra en prisión); también, la radio y televisión Órbita del ex presentador de televisión Jorge Hernández (vinculado al expresidente Mauricio Funes, asilado en Nicaragua). Legalmente el CONAB únicamente tiene la obligación de administrar dichos bienes sin afectar el contenido y el personal de dichos medios, pero ahora estos han sido absorbidos por el oficialismo.

En  mayo de 2018 la Sala de lo Constitucional emitió la sentencia 148-2014/107-2017 en la que estableció que el CONAB debe respetar el artículo 6 de la Constitución de la República referente a la libertad de expresión, y el 26 de septiembre de 2018 el Juzgado de Extinción de Dominio emitió una resolución en la que advierte al Conab de abstenerse de interferir en la línea editorial e informativa, retoma la sentencia de la Sala y agrega elementos del art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Con la llegada del Bukelismo al ejecutivo el Conab ha incumplido con dicha medida sin que haya sanciones administrativas o judiciales por la intervención de dichos medios de comunicación.

Pero ¿qué ha pasado con el resto de medios de comunicación privados? Para el caso de la radio, televisión y medios impresos estos han sido afectados con la publicidad gubernamental como premio y castigo. Si bien no es un fenómeno nuevo, pues gobiernos anteriores han realizado esta acción, lo cierto es que este gobierno ha recrudecido dicha medida. Por ejemplo, los periódicos El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica fueron afectados con la suspensión de toda la publicidad estatal del ejecutivo, incluyendo el de las entidades autónomas; de igual forma el medio televisivo Canal 33 enfrentó la misma situación hasta afectar su sostenibilidad y cerrar operaciones. Misma situación enfrenta el sector de medios comunitarios aglutinados en ARPAS. El punto en común de estos medios: ser críticos al oficialismo. La Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió en 2012 un documento sobre Principios de Regulación de Publicidad Estatal y Libertad de Expresión en la que establece que dicha acción podría constituirse como censura indirecta.

a) Las cadenas en pandemia al estilo la mañanera mexicana

2020 fue un punto crítico a nivel global por la pandemia del coronavirus, pero en El Salvador no solo nos enfrentamos a un problema de salud sin precedentes sino a un gobierno que aprovechó dicha crisis para ocultar información de interés público, promover actos de corrupción y utilizar elementos de las fuerzas armadas junto con la Policía Nacional Civil (PNC) para amedrentar a periodistas. 

Durante estos meses la prensa se enfrentó a restricciones a las conferencias de prensa, retenciones arbitrarias contra fotoperiodistas, principalmente en el interior del país, pero también se enfrentó a los linchamientos en las redes sociales digitales.

El presidente utilizó por meses las cadenas presidenciales para brindar información y su versión de lo que estaba sucediendo durante la pandemia, la mayoría de cadenas eran monólogos del mandatario con pequeñas declaraciones de su gabinete, parecía que él era el especialista de cada tema en lugar de sus funcionarios. La mayoría de esas reuniones eran a puerta cerrada, sin el derecho de la prensa a preguntar. Tras las críticas, Bukele realizó cadenas en donde “permitía” el derecho de preguntas a periodistas.

La noche del 24 de septiembre, en su tradicional cadena, el mandatario transmitió una conferencia de prensa. Las preguntas provenían tanto de medios afines y críticos. Para algunas preguntas él ya tenía respuestas preparadas hasta con videos de apoyo (como si fuera parte de un guion), y para el caso de los periodistas no oficialistas se ensañó en atacarlos. El uso de adjetivos como periodistas vendidos, incómodos, medios de oposición son parte de la narrativa del mandatario, quien aprovecha sus altos niveles de popularidad para advertirle a la ciudadanía que la prensa no alineada es su enemiga.

Un populista sabe que, además de minimizar el papel de la prensa crítica e independiente, debe tener un control absoluto de la información que distribuye el Estado, y así lo hizo con minimizar el derecho de acceso a la información pública.

b) De una relativa transparencia a la opacidad

Durante el 2011 el congreso aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y llevó a cabo la creación del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Su aprobación tuvo como base la presión de las organizaciones de sociedad civil promotoras de la ley y la necesidad del ex partido gobernante Arena para fiscalizar al FMLN que empezaba su primer período presidencial.

La Ley fue utilizada en gran medida por periodistas e investigadores académicos, a nivel periodístico se visibilizó cómo funcionarios públicos abusaron del poder para realizar actos de corrupción: desde contrataciones por nepotismo, uso ilegal de bienes institucionales, irregulares en las partidas presupuestarias y desvíos de fondos son solo algunas de las problemáticas que permitió la ley a partir de su vigencia. Si por algún motivo alguna institución negaba información se podía acudir al IAIP e iniciar un proceso de apelación. Hasta el 2023 El Salvador formaba parte del Observatorio de Gobierno (OGP, por sus siglas en inglés), sin embargo, dejó de enviar información desde 2021 hasta quedar en calidad de inactivo y posteriormente fue retirado. El actual gobierno también suspendió la mesa de diálogo entre organizaciones de sociedad civil tras el cierre de la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción. Respecto a los comisionados entre 2019 a 2021 inició un proceso de renovación de los cargos, la mayoría fueron electos de forma irregular y con afinidad al gobierno de turno. Dos de ellos ocupan cargos en otras dependencias: Roxana Soriano (precandidata a diputada de Nuevas Ideas en 2021) fue comisionada en el IAIP y en 2023 fue nombrada presidenta de la Corte de Cuentas de la República; mientras que Luis Suarez fue comisionado en 2020 a 2021 (trabajó en la alcaldía de San Salvador en la administración Bukele) y fue nombrado magistrado de la Sala de lo Constitucional cuando el congreso destituyó a los magistrados el 01 de mayo de 2021.

El congreso también reformó la LAIP al punto de ser una legislación casi inservible, las oficinas de acceso a la información obstruyen el proceso para solicitar información o en las resoluciones suelen declarar la información como confidencial, reservada o inexistente. Un informe de la organización CRISTOSAL que recopila datos de junio de 2019 a diciembre 2023 revela que de 1463 solicitudes de información 394 obtuvieron alguna respuesta y 1,069 fueron denegadas o no entregadas.

El aparato del Estado como instrumento de persecución y promotor del silencio

El aparato del Estado como instrumento de persecución y promotor del silencioEl 2022 inició con una noticia que en cualquier país democrático hubiese sido escandalosa: más de una veintena de periodistas fueron vulnerados con el software espía Pegasus. El hecho tuvo eco a nivel internacional; a nivel nacional la APES tuvo que presentar una denuncia ante la FGR para que realizara una investigación de quién había dado la orden de espionaje a nivel Estatal. Pegasus es un software espía israelí que únicamente se vende a Estados (no a personas ni a empresas privadas). A dos años de su revelación la Fiscalía General de la República (FGR) aún no da avances de la investigación. Legalmente el Estado no puede utilizar software espía.

Este 2022 significó un año de expansión de los mensajes estatales en contra de la prensa. Tras los casos de espionaje divulgados en enero, el gremio tendría que enfrentarse a las reformas mordazas.

En marzo la Asamblea Legislativa aprobó de emergencia el Régimen de Excepción como una forma de combatir el elevado número de asesinatos a manos de las pandillas. Y un mes después, en abril, realizó reformas al Código Penal y a la Ley de Proscripción de Pandillas que penaliza con cárcel de hasta 15 años la divulgación de piezas periodísticas vinculadas con pandillas, es decir, la publicación de un grafiti de una pandilla en una nota periodística podría constituir un delito. La redacción de las reformas fue ambigua al punto que 15   periodistas tuvieron que salir del país entre 2022 y 2023 como una forma preventiva para evitar alguna afectación por coberturas de violencia y que ponían en cuestionamiento los planes de seguridad del actual gobierno. Para la APES este tipo de reformas tenían como objetivo fomentar la autocensura y amenazas con cárcel a cualquier contenido periodístico que pusiera en duda la aplicación del Régimen de Excepción. Si bien las denominadas reformas mordaza fueron revertidas a finales de 2023, esta tuvo un efecto nocivo en el gremio: el miedo y la autocensura.

“Tengo que salir porque tengo miedo, porque no puedo dejar a mis hijos sin su mamá, porque me van a joder”, me dijo una de las periodistas que decidió dejar en 2023 el país. La mayoría de periodistas que han decidido exiliarse son mujeres, por temor a la falta de garantías de seguridad en las prisiones y la preocupación de ser separadas de sus hijos e hijas (la mayoría son menores de edad).

En 2022, El periodista comunitario Víctor Barahona (o Don Víctor, como se le dice de aprecio) se convirtió en el primer comunicador víctima de prisión, por lo que no es cierto que en El Salvador no hay periodistas presos, él fue el primero.

Victor pensó que no saldría vivo de la prisión. Durante su estancia no logró identificar qué le motivó a las autoridades su detención, sólo recuerda que tenía un programa local de entrevistas y que había sido un líder comunitario en su localidad. Tras su libertad decidió hacer público su caso. Al preguntarle qué lo motivó a denunciar, dijo: “no quiero que ningún periodista viva lo que yo viví, un infierno o estar al borde de la muerte”.

Los ataques contra la prensa no siempre son en contra de periodistas, los agresores también buscan hacer daño colateral, eso le sucedió a la periodista Carolina Amaya. Caro, como se le dice con afecto, es una de las pocas periodistas especializadas en medio ambiente, sus investigaciones han revelado irregularidades y tratos oscuros entre funcionarios con empresas que afectan ecosistemas y pone a comunidades en riesgo.

Carolina había publicado en febrero de 2023 una investigación periodística sobre la urbanización de un cerro protegido en el lago de Coatepeque, al oeste de la capital, y que es promocionado por la suegra del presidente salvadoreño. Días después, el padre de Caro fue detenido bajo el argumento del Régimen de Excepción.

No descarto mi ejercicio periodístico con la captura de mi padre, me comentó Carolina al encontrar posibles motivos del encarcelamiento de su padre.

El calvario de Carolina duró 10 meses y terminó el 22 de diciembre de 2023 cuando obtuvo una orden judicial para su liberación, sin embargo, las autoridades penitenciarias mantuvieron a la periodista y a su familia por más de 10 horas de espera en las afueras de la granja penitenciaria de Zacatecoluca haciéndole creer que su padre no saldría de prisión, o incluso pensó que podría no encontrarse bien de salud. La historia tuvo un giro al final del día cuando se enteró que, las autoridades penitenciarias sacaron a su padre y lo llevaron a la entrada del municipio en donde reside, a unos 100 kilómetros de distancia.

El manual de los gobiernos antidemocráticos sabe que deben minimizar la libertad de expresión e imponer una narrativa única, para ello no sólo individualiza los ataques en contra de la prensa crítica, también socava el ecosistema de medios mediante el uso del Estado para atacar a medios.

De junio de 2019 a diciembre de 2023 el ecosistema de medios se ha deteriorado. En el espectro radioeléctrico los medios comunitarios de ARPAS están a su mínima expresión editorial y ha sido obligados a cerrar algunas de sus frecuencias de cobertura local, incluida una radio comunitaria indígena; en 2022 cerró el medio televisivo canal 33 (uno de los pocos medios con contenido crítico al oficialismo) tras presiones gubernamentales; medios digitales como El Faro han enfrentado acoso fiscal por parte del Ministerio de Hacienda; y en el caso de Factum el Ministerio de Trabajo se ensañó con realizar inspecciones laborales abusivas por diferencias del funcionario con el medio de comunicación.

Para el caso de los medios escritos tradicionales, estos han reducido su personal en un 35 a 50 por ciento, incluso han vendido bienes inmuebles para seguir manteniendo los medios de comunicación.

2023 escaló con el cierre administrativo del medio digital El Faro y su migración hacia Costa Rica para continuar haciendo periodismo, y en diciembre el medio escrito El Diario de Hoy denunció una demanda de 10 millones de dólares en contra del medio y el periodista Beltrán Luna por parte del empresario Yakov Fauster por supuestos daños morales, algo que la APES calificó como “un grave acto de persecución a la prensa que busca silenciar a los periodistas mediante el hostigamiento judicial”. 

Organizarse, denunciar y resistir frente a los populistas autoritarios

En El Salvador no hay independencia de poderes del Estado. El congreso es un apéndice del ejecutivo y el sistema judicial es dirigido por personas impuestas desde el oficialismo. En ese contexto una forma que la prensa salvadoreña encontró para enfrentarse al actual contexto es la organización gremial. La Asociación de Periodistas de El Salvador, criticada por ser un club social, se convirtió en un actor político para la defensa de la libertad de prensa, de igual forma hay grupos especializados, como la Colectiva de Mujeres Periodistas o Imprudencia Colectiva que promueven los derechos de las mujeres periodistas.

Así mismo, la prensa aprendió a utilizar las redes sociales, principalmente “X”, como un sitio de expresión para la denuncia pública ante las vulneraciones de derechos. Algunos ejemplos de ellos son las alertas de la APES que tiene un efecto de exposición de las personas agresoras, y por ende son obligadas a desistir o bajar perfil tras los escarnios que enfrentan. O el caso de Victor, a quien la Fiscalía quería revocar su libertad condicional y al hacer pública su situación fue duramente cuestionado el papel de la las autoridades, o el caso de la periodista Carolina Amaya quien documentó por más de 12 horas el calvario que sufrió en las afueras del penal en donde se encontraba recluido su padre, pese a tener una orden de liberación.  La práctica dice que el habeas twitter es fundamental para poner en primer plano al agresor y que este minimice su impacto.

Y aunque el escenario es adverso para la prensa, uno de los puntos positivos ha sido la reflexión autocrítica de varios medios de comunicación sobre la urgencia de innovar en las formas de cómo dar a conocer las investigaciones periodísticas a la ciudadanía de a pie, la que no tiene tiempo para leer más de 30 minutos frente a un computador o que la brecha digital sólo le permite ingresar a paquetes de navegación en aplicaciones como facebook, X, Instagram, Youtube o TikTok.  Durante el último año muchos medios han innovado en la forma de cómo contar las historias, de adaptar sus narrativas y de promover procesos dialógicos con la ciudadanía, algo que por décadas ya nos lo habían enseñado los medios comunitarios. 

Ejercer periodismo en tiempos de deriva autoritaria requiere de un fuerte compromiso por la búsqueda de la verdad, informar responsablemente y el recordar que nuestro trabajo tiene una función social hacia la ciudadanía y que no debe ser utilizado como un mecanismo para ganar premios entre colegas y seguir haciendo más grande el ego.

Angélica Cárcamo

Periodista con 19 años de experiencia, fundadora de Infodemia, medio salvadoreño especializado en fact-checking. Actualmente es presidenta de la Asociación de Periodista de El Salvador (APES) y directora ejecutiva de la Red Centroamericana de Periodistas.